Santos y sus compañeros murieron sin derechos en un país minero

Santos Huaccalsaico Cocchi solía pescar en la mañana y a medianoche. Sacaba pulpo, lapa, cochayuyo, mariscos y erizos. Entendía bien al mar, porque antes de la mina, había trabajado en el océano como buzo.

Su esposa, hijos y sus perros lo esperaban a unos cuantos metros en una carpa, desplegada en la inmensidad de una playa solitaria como Las Loberas, Cerro Colorado y otras tantas que hay en la ciudad de Marcona, ubicada en la región Ica, al sur del Perú.

Así se relajaban, cuando Santos no estaba en la mina de Shougang Hierro Perú, la única productora de hierro en el país que tiene un yacimiento que se explota desde hace más de 50 años.

Hoy su esposa no quiere ni acercarse a la orilla. Santos murió a los 41 años por la Covid-19 y por unos derechos laborales ausentes.

“La vida les llega altamente”, dice la esposa de Santos, en referencia a la minera en la que su marido laboró por 17 años. Ella prefiere no revelar su nombre por temor a represalias.

No fue el único, también fallecieron sus compañeros: Félix, Martínez, Tiburcio, Nicolás, Eriberto, Luis, Daniel, Guillermo, Antonio, Julio, Teófilo, Fernando, Manuel, Damaso, José, Juan, Frank, Gamboa, Alberto, Leoncio, Javier, Wilfredo y Segundo.

Según el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang y las esposas, los 24 trabajadores mineros, no solo murieron por el virus, sino por irresponsabilidad de la empresa Shougang, sumado a un perverso silencio del Gobierno y del sector extractivo.

Marcona es un territorio de vientos de arena, aguas heladas y animales de piedra, pero también de mineras, dueñas del 78% de esta ciudad (Shougang posee el 40% y Marcobre el 38%).

Dicha localidad se divide en tres áreas: la Mina, donde se extrae el mineral; San Nicolás, donde se procesa y exporta a través del puerto; y San Juan, donde residen los habitantes.

En marzo del 2020, el Gobierno declaró estado de emergencia nacional y cuarentena, pero las mineras seguían funcionando, pese a las denuncias de sus trabajadores.

Apenas un par de días después de estas restricciones, el Ministerio de Economía a cargo de María Antonieta Alva, incluyó a la minería como una actividad esencial. Un día antes, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se había reunido con el Gobierno.

Los mineros y las comunidades aledañas a los proyectos criticaron esta medida porque ponía en riesgo su salud, pero el gobierno del expresidente Martín Vizcarra nunca los escuchó.

Es así que con dudosos protocolos aprobados por el Ministerio de Salud (Minsa), se reactivaron varias empresas, entre ellas, Shougang, la cual le exigió a Santos y a sus compañeros que vuelvan a sus puestos de trabajo. Antes de subir a la mina, les realizaron pruebas rápidas.

En aquel tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no se debían usar este tipo de pruebas como parte del reinicio de actividades ya que podía dar muchos falsos positivos y resultados poco confiables.

Shougang tenía la responsabilidad de dar todas las protecciones de bioseguridad a sus trabajadores, pero Santos enfermó y le ordenaron que vuelva a su hogar.

“Aquella vez fue suave, lo cuidé más de un mes”, cuenta su esposa.

Luego de recuperarse, Santos trabajó con normalidad hasta enero del 2021; sin embargo, tanto a él como a sus compañeros les seguían aplicando pruebas rápidas.

Pasaron unos días y comenzó a sentir molestias en la garganta. El servicio médico de la empresa Shougang le dijo que era una picazón y solo le dieron unas pastillas. Pero, el malestar persistía, por lo que Santos exigió que le pongan hasta 4 ampollas. Nada lo calmaba.

Su esposa indica que su salud comenzó a empeorar, y cuando debía retornar a su hogar, no lo dejaban, Santos tuvo que insistir para que lo dejaran irse.

Llegó enfermo. Su esposa y él acudieron al seguro y a clínicas fuera de Marcona, pero no encontraron pruebas para descartar la Covid-19. Santos tenía fiebre, dolor de cabeza y mareos. Le aplicaron ampollas, pero el alivio duró poco, los síntomas volvieron.

Llamaron al doctor de la empresa que después de tantas negativas, asistió a Santos y le tomó la prueba molecular. Su esposa señala que hasta la fecha, la minera no ha entregado los resultados.

Santos estuvo internado una semana, luego falleció.

Su esposa recuerda que cuando sus compañeros se enteraron que Santos estaba internado, hicieron un paro general y no trabajaron por dos días hasta que les aplicaran pruebas moleculares a todos.

Shougang accedió y hasta la fecha siguen confirmándose contagiados.

La esposa de Santos cuenta que el maltrato a los trabajadores viene desde hace décadas. La pandemia solo lo ha hecho más evidente.

El artículo Shougang Hierro Perú: problema laboral 1993-2010 del sociólogo Honorio Pinto Herrera recopila las denuncias laborales desde 1992 (año en que esta empresa estatal se privatiza) hasta el 2011, aunque las marchas y protestas datan desde el primer gobierno de Alan García hasta la actualidad.

Entre estas demandas se encuentran despidos arbitrarios, negativa a aumentos salariales, retraso en pagos, ausencia de seguros, alta tercerización laboral, ceses colectivos, etc.

Santos trabajaba 12 horas todos los días, 8 horas no alcanzaban. Los domingos eran fechas en las que podía ganar un poco más.

“Todos los años se hace huelga, los trabajadores siempre reclaman, por ejemplo, piden un aumento de 5 soles, y la minera les ofrece un incremento de 1 sol. Es una burla”, cuenta su esposa.

Y si la economía y el empleo eran precarias en la ciudad, la salud era aún peor.

En Marcona el hospital está inoperativo. “No funciona, no han tocado ni un ladrillo, tenemos que irnos a Ica o Nazca para atendernos, uno tiene que viajar 4 horas para llegar allá”, dice la esposa de Santos.

Según el documental Entre el hierro y el mar hecho por la periodista y fundadora de El Gran Angular, Magali Zevallos, el problema territorial alcanza este aspecto, ya que las autoridades tienen que pedir permiso a la minera para poder construir el hospital.

Una de las viudas señaló que en los centros de salud de Ica se recomendaban ivermectina, cetirizina y azitromicina. Medicinas que no sirven para prevenir ni tratar la Covid-19.

A otros les mentían diciendo que estaban bien, “es por el trabajo, no es el virus”, era la conclusión de una doctora que atendió a uno de los fallecidos.

¿Más de medio siglo de extractivismo no debería significar el desarrollo y progreso que tanto alardean empresarios y economistas? Según Herrera “los ingresos de los trabajadores de la minería en el Perú no tienen proporcionalidad con la riqueza creada”.

Para entender a una abandonada Marcona debemos retroceder a la década de 1940, periodo en el que el gobierno peruano halla las enormes reservas de hierro, las cuales serían inicialmente explotadas por Marcona Mining Company —un grupo de empresas estadounidenses—.

Después, en 1968, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el yacimiento de Marcona se nacionaliza, convirtiéndose en Hierro Perú.

“Esta empresa ya había excedido el periodo de explotación otorgado por el Estado”, según el artículo Hierro Perú: Una privatización anormal del Estado peruano al Estado Chino, de los economistas Jorge Manco y Pedro Maldonado.

En 1992, el fujimorismo privatizó la empresa estatal, la cual fue adjudicada a la Corporación Shougang de China.

Según Manco y Maldonado, fue un proceso poco transparente, irregular y anómalo. El Estado peruano tuvo que asumir los pasivos (deudas) —por más de S/ 200 millones, casi US$ 200 millones de la época— para venderla.

Como alguna vez lo afirmara el exministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la privatización de Hierro Perú fue una mala privatización, “pues también se privatizaron los servicios públicos como el suministro de agua y energía de Marcona”.

Hoy vemos las consecuencias.

La esposa de Santos comenta que se contagió del virus al estar cerca de su esposo.

“Me empezó a arder la garganta, como si tomara ají, mis defensas bajaron debido a la preocupación, tenía náuseas y mucho sueño”, cuenta.

Cuando ambos estuvieron mal los distanciaron, hasta que Santos falleció.

Su esposa sigue un tratamiento, tiene secuelas. “Cuando me entra frío en la parte izquierda es como si un cuchillo me atravesara y diera vueltas, y mi garganta se seca, como si nunca hubiera tomado agua. Tomo algunas pastillas, pero la calma es breve”, comenta.

La mina no la ha apoyado en nada. A la fecha está llevando terapia psicológica por su cuenta.

Hace 8 años quedó paralizada por un aneurisma, pero Santos nunca se rindió, se endeudó, la llevó a muchas clínicas para que pueda hablar y caminar.

“Y ahora no he podido hacer mucho por él, es bien difícil enfrentar esto, siento que la cabeza me reventará, me siento sola, mi esposo subió sano y bajó enfermo, ¿Quién me lo devuelve? ¿Cómo me sostengo? Si no hubiera sido por la maldita empresa, él estaría aquí conmigo”, dice.

Así como ella, la mayoría de viudas de los mineros fallecidos de Shougang fueron contagiadas con la Covid-19. “Hemos sido abandonadas a nuestra suerte”, indican.

En marzo del 2021, el expresidente Francisco Sagasti, a través de un comunicado de la Subsecretaría general del Despacho Presidencial, agradeció y felicitó a Shougang “por las acciones que viene ejecutando la empresa en beneficio de la población, coadyuvando esfuerzos que realiza el Estado en la lucha contra la Covid-19”.

Desde el Legislativo, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, tuvo reuniones con el alcalde del distrito de Marcona y representantes del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang, quienes señalaron que, a pesar de las muertes y contagios, continúan trabajando en condiciones precarias.

La Sunafil generó más de 200 órdenes de inspección entre el 2017 y 2020 contra Shougang, y en la pandemia se han dado más de 70 órdenes de inspección (incumplimiento de convenios colectivos, pago de remuneraciones, hostigamientos y sobre seguridad y salud referido a la Covid-19). La empresa ha sido multada por un total de S/ 834.000.

La última sanción se dio este año por afectación a la libertad sindical de 757 trabajadores, con una multa de S/. 156.354.00.

En todo el territorio peruano, según la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, existen más de 12.000 contagiados pertenecientes a empresas mineras como Antamina, Chinalco, Cerro Verde, Southern, Nexa Resources, Consorcio Minero Horizonte, Marsa, Impala, Marcobre, Bateas, Tinka Resources, Antapaccay, Hudbay, Angloamerican, Volcan, entre otras. Además de decenas de fallecidos.

Durante la pandemia, se desarrollaron una serie de marchas y plantones para exigir el respeto hacia los derechos laborales en el rubro minero.

La última protesta se dio a fines de agosto cuando 170 trabajadores mineros de Pasco llegaron a Lima para exigir su incorporación a planilla y denunciar ceses colectivos.

Mientras tanto, importan más las cifras, las toneladas de minerales, la recuperación del sector minero, es decir, en medio de “la gran fiesta” del crecimiento económico, —como diría el economista Humberto Campodónico—, los trabajadores se quedaron en la puerta.

Texto: Jair Sarmiento

Edición: Carolina Morales

Ilustración: Valeria Herrera Vásquez

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