Los peruanos deberán elegir a su próximo presidente este domingo 12 de abril de 2026. Son 35 candidatos, es decir, 35 planes de gobierno. Sin embargo, la mayoría no tiene el tiempo para leer más de 3 mil páginas. Por eso, Mataperrea presenta #MataFranjaElectoral, un espacio para dar un análisis crítico de las propuestas de los candidatos de izquierda y de derecha.
En este segundo informe abordaremos la relación entre los candidatos y el extractivismo formal, informal e ilegal que destruye, amenaza y desaparece los territorios de los pueblos indígenas del Perú.
Solo uno de los 35 partidos reconoce a los gobiernos territoriales autónomos y los derechos de la naturaleza, y menos de 10 partidos abordan la titulación de tierras en la Amazonía y la protección de defensores ambientales.
Un informe del Observatorio de Minería Ilegal, señala que sólo 12 de los 35 partidos políticos presentan propuestas concretas para enfrentar a la minería ilegal. Además, de los 35 candidatos a la Presidencia, 31 tienen vínculos con la minería informal, artesanal e ilegal.
Hay candidatos presidenciales que no nombran a los pueblos indígenas en sus planes de gobierno como Fernando Olivera (Frente Esperanza), Yohny Lescano (Cooperación Popular) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción).
También hay candidatos que mencionan el término “comunidad”, pero este tiene un significado amplio y podría aplicarse a cualquier grupo local. En ese sentido, esto también perpetúa una estructura racista y colonial que invisibiliza a las 55 poblaciones indígenas, 10,584 comunidades, sus 48 lenguas originarias, necesidades y demandas.
Hablar de pueblos indígenas es reconocer la relación histórica con su territorio, su identidad y cosmovisión, así como los procesos de colonización y de resistencia indígena.
Los ciudadanos indígenas no son una prioridad política, a pesar de que 1 de 4 peruanos y peruanas se identifican como tal según el Censo Nacional 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) es uno de esos políticos a los que no le interesan los pueblos indígenas. En 2024 manifestó que la Amazonía debía volver a vivir la época del boom del caucho en la Amazonía del siglo XX, donde los grandes empresarios caucheros cometieron genocidio ya que ciudadanos indígenas fueron esclavizados, torturados y exterminados.
Por su parte, César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) pretende reactivar los proyectos mineros Conga y Tía María, los cuales han sido rechazados por los mismos ciudadanos de Cajamarca y Arequipa. Y también fomentar el boom petrolero en Trujillo, a pesar de que pescadores han denunciado derrames de petróleo el año pasado en el mar de La Libertad. También quiere desaparecer el Ministerio del Ambiente.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) plantea el desarrollo de proyectos de energía hidroeléctrica, sin embargo, desde la Amazonía ha habido un gran rechazo a este tipo de obras. En 2025, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) rechazó el proyecto de ley N° 10349-2024, que buscó declarar de interés nacional la construcción de la Central Hidroeléctrica Pakitzapango, lo que ponía en riesgo la existencia, derechos, territorios y biodiversidad de las comunidades de la zona.
Y si hay algo que Fujimori, Acuña y López Aliaga tienen en común es que en sus listas de diputados y senadores están llevando personajes ligados al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Además, sus partidos en el Congreso votaron a favor de leyes que favorecieron a la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía.
Por otro lado, hay candidatos que sostienen un discurso ambientalista, pero apoyados sobre el sistema extractivista que mantienen intacto.
Es decir, proponen una “transición energética” subordinada al crecimiento económico y compatible con el extractivismo. No cuestionan las industrias extractivas ni plantean de forma clara la remediación y reparación para poblaciones afectadas. Reducen a los pueblos indígenas a actores culturales, y no como sujetos políticos. También omiten a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y no reconocen economías territoriales ni derechos de la naturaleza. En la práctica, llevan una agenda de modernización verde del extractivismo como:
Alfonso López Chau (Ahora Nación) prioriza el desarrollo económico, industrialización y competitividad global, integrando la política ambiental como soporte del crecimiento económico. No hay cuestionamiento estructural a la industria extractiva. No se identifican propuestas claras de reparación integral o justicia ambiental para comunidades afectadas por extractivismo. No reconoce los derechos de la naturaleza.
Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) menciona la consulta previa, una gobernanza indígena sin profundización y protección de pueblos en aislamiento y la bioeconomía en la Amazonía. Pero su propuesta sigue vinculando la transición ecológica con crecimiento económico e industrialización, y no desarrolla claramente reparación ambiental ni derechos de la naturaleza.
Mesias Guevara Amasifuen (Partido Morado) propone la titulación de 25 millones de hectáreas de territorios ancestrales, la creación de una «Fuerza Amazónica» que combata la minería ilegal y el carácter vinculante de la consulta previa con derecho a veto. Sin embargo, tampoco cuestiona el modelo de la industria extractiva, se enfoca solo en la gestión sostenible y regulación ambiental. No desarrolla políticas claras de reparación a poblaciones afectadas.
Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) se centra principalmente en políticas sociales (educación, salud y brechas territoriales) y no aborda de manera estructural el modelo extractivo ni la transición energética. En su plan de gobierno, las comunidades indígenas aparecen más como poblaciones vulnerables o beneficiarias de políticas públicas que como sujetos políticos con autonomía territorial.
De igual forma, los planes más débiles respecto a propuestas ambientales para pueblos indígenas ya que ignoran la consulta previa, titulación territorial indígena, protección de pueblos en aislamiento y la gobernanza indígena son: Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País Para Todos), Rosario Fernández Bazán (Un camino diferente), Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática), Armando Masse Fernandez (Partido Democrático Federal), Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú), Alex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde), Fiorella Mollineli (Fuerza y Libertad), Herbert Caller Gutierrez (Partido Patriótico del Perú), Mario Vizcarra Cornejo (Partido Perú Primero), Enrique Valderrama (APRA), Walter Chirinos (PRIN), Vladimir Cerrón (Perú Libre), George Forsyth Sommer (Somos Perú), José Williams Zapata (Avanza País), Charlie Carrasco Salazar (Partido Democrático Unido Perú), Paul Jaimes Blanco (Progresemos), José Luna Galvez (Podemos Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Ernesto Chiabra (Unidad Nacional) y Carlos Espá (Sí Creo).
En cambio, solo un par de candidatos plantean una transformación estructural que vea a los pueblos indígenas como actores políticos con poder autónomo de sus territorios.
Ronald Atencio (Venceremos) plantea un Estado Plurinacional que supere el modelo «extractivista-primario-exportador». Propone la industrialización y la diversificación productiva. Habla de una reforma tributaria progresiva para el sector extractivo. También presenta un Plan de Restauración y Remediación Ambiental financiado por el sector extractivo y atención médica especializada para personas afectadas por metales pesados y sustancias químicas tóxicas.
El plan de Venceremos señala mecanismos estrictos de fiscalización y sanción a las industrias extractivas. Se plantea el reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos y su carácter de «naciones indígenas» con capacidad de gestionar de manera autónoma sus procesos, como la educación. No menciona a los PIACI, pero habla de ratificar el Acuerdo de Escazú. También plantea modelos económicos propios de los pueblos originarios.
Plantea el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos (específicamente ríos y cuencas). Reconoce formalmente a los Gobiernos Territoriales Autónomos de la Amazonía. Y establece que la Consulta Previa debe ser vinculante, otorgando poder real a las comunidades sobre sus territorios.
En tanto, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) también propone un Estado Plurinacional basado en una industrialización nacional y el desarrollo de una matriz energética basada en fuentes renovables.
Asimismo, habla de una recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras como el OEFA y ANA.
El plan de Juntos por el Perú no menciona a los PIACI, pero el plan declara la intangibilidad de la Amazonía y de cabeceras de cuenca, glaciares y lagunas ante actividades extractivas que causen contaminación. También habla de alternativas económicas indígenas y de una autodeterminación de los pueblos originarios.
Es necesario señalar que tanto Roberto Sánchez (exministro del gobierno de Pedro Castillo) y Ronald Atencio (exabogado de Pedro Castillo) guardaron silencio cuando el expremier Aníbal Torres responsabilizó y criminalizó a comunidades indígenas de sabotear los ductos del oleoducto de Petroperú, pese a que diversos antecedentes indican que la mayoría de derrames de crudo han sido atribuidos a fallas de la propia empresa estatal.
Asimismo, Roberto Sánchez fue uno de los coautores de la Ley 31989, normativa que dejó sin efecto la disposición que facultaba a la PNP a actuar contra mineros ilegales con inscripción suspendida en el REINFO.
Los pueblos indígenas y las comunidades no están siendo tomados en serio por los partidos políticos ni sus candidatos. Tampoco la Amazonía, los andes, los océanos y toda la biodiversidad que tiene el Perú, solo es visto como un recurso más. El buen vivir se va diluyendo entre amenazas e ilusiones. Los territorios y quiénes lo defienden seguirán en peligro mientras el voto de «los otros» que no están en Lima siga siendo marginado y despreciado por un sistema colonial que se mantiene intacto.
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