Los peruanos deberán elegir su próximo presidente este domingo 12 de abril de 2026. Son 35 candidatos, es decir, 35 planes de gobierno. Sin embargo, la mayoría no tiene el tiempo para leer más de 3 mil páginas. Por eso, Mataperrea presenta #MataFranjaElectoral, un espacio para dar un análisis crítico de las propuestas de los candidatos de izquierda y de derecha.
En este tercer informe abordaremos la relación que existe entre los candidatos a la Presidencia y la élite del Perú que está cómoda con el actual pacto mafioso, con el modelo económico neoliberal y un sistema político que es servil a intereses privados.
Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) no plantea un rechazo o cambio del modelo neoliberal que implementó su padre, el dictador Alberto Fujimori, en los 90. Pretende continuar con el mismo sistema económico y político que ha privilegiado a las familias más ricas del país que controlan grupos económicos y gremios empresariales.
La candidata de Fuerza Popular promete seguir con la economía social de mercado que es funcional a la élite del Perú. No plantea una reforma de pensiones ni una reforma laboral. No plantea una nueva Constitución.
“Defendemos la Constitución (fujimorista). Hay mucho espacio para hacer una reforma laboral consensuada con los sindicatos”, dijo Fujimori a mediados de marzo de 2026 en un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
La candidata naranja y su partido estuvieron involucrados en el Caso Cócteles por presunto lavado de activos en las campañas de 2011 y 2016. En dicho caso se investigó los aportes de grandes empresarios, los cuales son cercanos o pertenecen a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Según la Oficina Nacional de Prcesos Electorales (ONPE), en el registro de aportantes de Fuerza Popular aparecen los empresarios Luis Dyer Fernández, miembro de la familia Dyer, dueña de la agroexportadora Camposol y José Chlimper Ackerman, empresario agroexportador y exministro de Agricultura de Alberto Fujimori que impulsó la Ley de Promoción Agraria que le quitó derechos laborales a los trabajadores agrarios.
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tampoco plantea el cambio de modelo neoliberal. No plantea una reforma de pensiones ni una reforma laboral. No plantea una nueva Constitución.
El líder del partido celeste tiene representantes de gremios empresariales en su lista. Entre sus candidatos a la Cámara de Diputados están Roberto de la Torre, expresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Alfonso Velásquez Tuesta, expresidente de ADEX.
Para el Parlamento Andino postula Maali del Pomar, exdirectora de la Sociedad Nacional de Construcción, gremio que tiene como presidente al empresario minero Roque Benavides. En su equipo técnico está Alfonso Miranda Eyzaguirre, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Entre sus aportantes a su campaña está Jorge Mufarech Nemy, empresario textil y exministro de Alberto Fujimori.
César Acuña (Alianza Para el Progreso) plantea continuar con el actual modelo económico neoliberal. Muestra su apoyo a la nueva Ley Agraria (Ley Chlimper 2.0) que beneficia a agroexportadoras.
Planea privatizar Petroperú. Propone reemplazar a las AFP con otras AFP. Habla de replicar el sistema previsional alemán —donde el Estado gestiona los fondos—, pero se contradice porque le dará más poder a los privados. Su bancada en el Congreso respaldó la Ley ProAFP. Y además pretende reactivar los proyectos Conga y Tia Maria.
Su jefe de plan de gobierno y exministro de Economía, José Salardi, es cercano a varios gremios empresariales como Confiep, CCL, SNI y ADEX.
Alfonso López Chau (Ahora Nación) no plantea el cambio de modelo neoliberal que implementó el dictador Alberto Fujimori en los 90. Continuará la economía social de mercado y cree en la mano invisible, una postura que no rompe con el actual sistema económico y político.
«Yo creo en una revolución burguesa. Creo en una revolución capitalista”, dijo ante la prensa. Su plan no propone una nueva Constitución, pero ha declarado que es necesario una nueva carta magna.
En el CADE Ejecutivos del 2025 —un encuentro anual de la élite económica del Perú—, respaldó a la Confiep afirmando que “actúa bajo las buenas prácticas empresariales”, a pesar de que dicho gremio fue mencionada en las investigaciones de los casos Cócteles y Odebrecht.
Ante la crisis energética en Perú, ha dicho que esperaría que termine el contrato de la empresa TGP —responsable del caos— para impulsar un nuevo proyecto. Es decir, recién en 2033, cuando ya ni siquiera será gobierno.
Plantea una reforma de pensiones sin una crítica al actual modelo de las AFP. No plantea una reforma laboral.
Durante una entrevista con un medio local, también minimizó el rechazo a la minería en la región de Cajamarca. Se atrevió a comparar el uso del agua del sector ganadero con el sector minero para invalidar la postura contraria a la industria extractiva que ha causado conflictos en dicha provincia del Perú. Conga es uno de los proyectos paralizados por el rechazo de los mismos ciudadanos de Cajamarca, una zona ganadera.
Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) no plantea el cambio de modelo neoliberal. No plantea una reforma de pensiones. No plantea una nueva Constitución. Propone mantener la actual economía de mercado, pero haciendo solo unos retoques al Estado y las instituciones.
No propone una reforma laboral, por el contrario, habla de “eliminar privilegios y rigideces del régimen laboral”. Estas son propuestas que provienen de los gremios empresariales que desde hace años vienen queriendo eliminar derechos laborales de un marco laboral peruano que fue debilitado por la dictadura fujimorista.
Nieto Montesinos aceptó ser ministro de Cultura y Defensa del gobierno lobbista de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Fue parte de un gobierno que quiso impulsar proyectos mineros como Tía María y Las Bambas, y que mantuvo las exoneraciones tributarias a las agroexportadoras con denuncias de esclavitud a trabajadores agrarios.
El líder del partido del sol aceptó ser miembro del gobierno ppkausa, sabiendo que Kuczynski fue Ministro de Energía y Minas de Fernando Belaunde Terry, dictador responsable del genocidio contra comunidades Matsés y que permitió la invasión indígena para hallar gas en la Amazonía.
En 2021, junto a cuestionados políticos y empresarios, Nieto Montesinos firmó un pronunciamiento en contra del pedido de 36 meses de impedimento de salida que hizo Jose Domingo Perez contra PPK por el caso Odebrecht.
Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) tampoco plantea el cambio del modelo económico neoliberal. Propone la típica “hoja de ruta” que se hizo conocida durante el gobierno de Ollanta Humala donde firmó un documento en favor de la Confiep. Se dice antifujimorista, pero en 2021 pidió votar por Keiko Fujimori en 2021 para que Pedro Castillo no llegue a la Presidencia.
Entre los otros candidatos que no plantean cambios estructurales para el país y que no quieren tocar el modelo económico fujimorista que precariza a los peruanos están: Rosario Fernández Bazán (Un camino diferente), Wolfgang Grozo Costa (Integridad democrática), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Yohny Lescano (Cooperación Popular), Armando Masse Fernandez (Partido Democratico Federal), Herbert Caller Gutierrez (Partido Patriótico del Perú), Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú), Mario Vizcarra Cornejo (Partido Perú Primero), Mesias Guevara Amasifuen (Partido Morado), Charlie Carrasco Salazar (Partido Democrático Unido Perú), José Williams Zapata (Avanza País), Fiorella Mollineli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde), José Luna Galvez (Podemos Perú), George Forsyth Sommer (Somos Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Álvarez (País Para Todos), Walter Chirinos (PRIN), Carlos Jaico (Perú Moderno), Ernesto Chiabra (Unidad Nacional), Carlos Espá (Sí Creo), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Enrique Valderrama (APRA).
En tanto, hay solo dos candidatos que en sus planes de gobierno y discursos realizan una crítica explícita al modelo neoliberal y a los grandes grupos empresariales, y plantean varios cambios estructurales.
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) plantea una nueva economía solidaria, equitativa y participativa. Plantea un “Estado de Socialismo Andino Amazónico”. Para ello propone una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.
Asimismo, el candidato que actualmente es congresista plantea un impuesto a las grandes fortunas, pero solo en contextos de crisis. También habla de eliminar las exoneraciones tributarias y la desmonopolización de los mercados.
Sin embargo, sus propuestas no coinciden con su desempeño como Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del gobierno de Pedro Castillo.
Cuando fue Ministro, no cuestionó y alentó el régimen explotador del sector agroexportador. También guardó silencio cuando Repsol y el gobierno de Castillo realizaron acuerdos a espaldas de los pescadores artesanales. Y permaneció mudo cuando en el 2021 el gobierno paseó con un supuesto diálogo a las comunidades afectadas por la minera Las Bambas.
Ronald Atencio Sotomayor (Venceremos) plantea cambiar el neoliberalismo a una economía nacional de mercado popular y sostenible que distribuya la riqueza con justicia y fortalezca el mercado interno. En ese sentido, pone sobre la mesa una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.
Plantea un nuevo sistema de pensiones basado en el aporte tripartito, con la derogación de la Ley ‘ProAFP’. Plantea una reforma tributaria progresiva contra la evasión y la elusión de los grandes grupos económicos. También propone un impuesto a los bienes de lujo y a las grandes fortunas. Habla de revisar y renegociar contratos ley, y asegurar soberanía sobre minería y recursos estratégicos. También dice que combatirá el oligopolio bancario.
En medio de la crisis del gas ha señalado que nacionalizará TGP, —empresa privada encargada del transporte de gas natural en el Perú—, para devolverle el gas a los peruanos si continúan los abusos y no se hace cargo del caos que genera.
De igual manera, es necesario saber que fue abogado de Pedro Castillo. Por eso no se pronunció cuando el gobierno de Pedro Castillo respaldó al sector agroexportador. Tampoco reaccionó ante los acuerdos entre Repsol y el Ejecutivo que se realizaron sin considerar a los pescadores artesanales.
Asimismo, guardó silencio frente al manejo del conflicto con las comunidades afectadas por la mina Las Bambas en 2021, donde el gobierno escenificó un supuesto diálogo que, en la práctica, no respondió a sus demandas.
Un reciente informe del Bank of America —uno de los grandes bancos de EEUU con vínculos a Donald Trump e involucrada en el caso Jeffrey Epstein— señala que los candidatos que van en los primeros lugares de las encuestas como López Aliaga, Fujimori, Álvarez, Chau y Acuña no representan una amenaza para el sistema económico neoliberal que existe en Perú.
Es necesario recordar que el Bank of America también se pronunció sobre las elecciones del 2021. Y manifestaron su preocupación ante la candidatura de Pedro Castillo y su propuesta de una nueva Constitución.
La élite está tranquila ya que más del 90% de candidatos no plantea el cambio del modelo económico ni una nueva carta magna que reemplace a la elaborada en la dictadura fujimorista. El sistema tiene más de 30 candidatos a su favor. El sistema que precariza la vida de los peruanos permanece intacta. No es solo decir por estos no, es decir el por qué no. No es solo hablar de pacto mafioso, es hablar del sistema mafioso neoliberal.
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