Los peruanos deberán elegir a su próximo presidente este domingo 12 de abril de 2026. Son 35 candidatos, es decir, 35 planes de gobierno. Sin embargo, la mayoría no tiene el tiempo para leer más de 3 mil páginas. Por eso, Mataperrea presenta #MataFranjaElectoral, un espacio de análisis crítico sobre las propuestas de los candidatos de izquierda y de derecha.
En este primer informe abordaremos los discursos sobre los derechos humanos, ya sea a favor de fortalecerlos o para eliminarlos. No solo nos limitamos a lo que dicen los planes, también abordaremos los antecedentes y las contradicciones de los políticos que corren por llegar a Palacio.
Los derechos humanos son las normas básicas para que las personas vivan con dignidad y libertad, y se reflejan en cosas cotidianas como estudiar, trabajar sin discriminación, opinar libremente y recibir atención médica. Y en contextos de crisis como las que atraviesa el Perú, es el derecho a no sufrir violencia, desaparición, tortura o asesinato.
El Perú es un país que aún no cierra las heridas de las dictaduras. Las familias de las víctimas siguen buscando justicia, cárcel para los altos funcionarios, policías y militares responsables y una justa reparación. Hay desaparecidos, sobrevivientes (heridos con lesiones leves y graves), huérfanos y sangre que no se borra. ¿Qué proponen los candidatos?
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), candidatos que lideran las encuestas, no consideran a los “derechos humanos” en sus planes de gobierno. No dan ninguna propuesta para las víctimas de las dictaduras.
Todo lo contrario. Tanto López Aliaga como Fujimori Higuchi plantean retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que debilitaría la supervisión internacional sobre violaciones a derechos humanos en el país.
Es importante mencionar que la Corte IDH ha establecido responsabilidad del Estado frente a crímenes graves como los casos emblemáticos: Barrios Altos y La Cantuta. Además, otro órgano internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe sobre las protestas de 2022-2023.
Rafael López Aliaga como alcalde de Lima intentó prohibir las marchas contra Dina Boluarte y el Congreso. También se atrevió a mentir sobre el asesinato de Víctor Santisteban Yacsavilca indicando que su muerte fue por una “pedrada”, cuando fue por una bomba lacrimógena.
Y luego de las masacres de 2022 y 2023 en regiones como Puno y Ayacucho, López Aliaga se reunió con Dina Boluarte en Palacio, y manifestó: “Tiene a los mejores ministros de la última década». También emitió un decreto donde felicitaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) por la salvaje represión y abuso que cometieron en las protestas.
En febrero de 2023, Keiko Fujimori —hija del dictador genocida y corrupto Alberto Fujimori— también se reunió con Dina Boluarte luego de las masacres en regiones y la reconoció como presidenta a pesar de no tener legitimidad popular.
Fuerza Popular, el partido de Fujimori, blindó a Dina Boluarte en abril de 2023, ya que fue una de las bancadas que rechazó admitir una moción de vacancia por los 50 asesinatos en las protestas de 2022 y 2023.
El fujimorismo ha tratado de borrar y negar los crímenes contra los derechos humanos que sucedieron durante la dictadura de Alberto Fujimori. En 2005, el partido naranja impulsó y aprobó una Ley de Amnistía que favorece a militares y policías que cometieron crímenes durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000).
Otros candidatos que no consideran a los derechos humanos en sus planes, son César Acuña (Alianza Para el Progreso), Rosario Fernández Bazán (Un camino diferente), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Armando Masse Fernandez (Partido Democrático Federal).
Por otro lado, Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantea “la búsqueda de justicia por las muertes en las protestas de 2022 y 2023”. No desarrolla esta propuesta a profundidad y no incluye a otras víctimas como las del Conflicto Armado Interno (1980-2000), a las familias de Inti y Brian y a la familia de Mauricio Ruiz, Trvko.
Miembros de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las masacres 2022-2023 señalaron que López Chau los ignoró durante la “Festividad Virgen María de la Candelaria” del 2024 ya que el candidato no quiso portar una bandera negra, símbolo del luto de los deudos.
Jorge Nieto Montesinos (Buen Gobierno) tampoco plantea una estrategia de justicia para las víctimas de las dictaduras. Es necesario mencionar que fue uno de los personajes que se sumó al ‘terruqueo’ contra los peruanos de regiones que protestaron contra Dina Boluarte.
“Tienes sectores de las economías ilegales, y finalmente tienes los movimientos extremistas de la izquierda, incluyendo remanentes y activos de Sendero Luminoso, sin ninguna duda”, dijo sobre quiénes fueron parte de las protestas contra la dictadura durante una entrevista con Milagros Leiva en Willax. Sus palabras se dieron a fines de enero de 2023, pocos días después de la Masacre de Juliaca.
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) plantea una “Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional, con participación de las víctimas y las comunidades víctimas del conflicto armado interno y de la represión de la dictadura de Dina durante las protestas de 2022 y 2023”. Sin embargo, tampoco incluye a las víctimas de las dictaduras de Manuel Merino y José Jerí.
De igual forma, Ronald Atencio (Venceremos) señala que creará “la Comisión de la Verdad (2021-2026), la cual garantizará la Investigación y enjuiciamiento a los responsables de las masacres del año 2022 y 2023, entre otras violaciones a los derechos humanos”. Sin embargo, no incluye a las víctimas de las dictaduras de Manuel Merino, Alberto Fujimori y José Jerí. Asimismo, señala que derogará las leyes de impunidad para violadores de DDHH.
En el caso de Yohny Lescano (Cooperación Popular) no menciona a los derechos humanos y no plantea ninguna propuesta paras las víctimas de la dictadura en su plan de gobierno; sin embargo, una de sus candidatas a la Cámara de Diputados es Milagros Samillán Sanga, hermana de una de las víctimas de la masacre del 09 de enero de 2023 en Juliaca.
“Los familiares hemos entendido que también tenemos que pelear allá arriba, donde se hacen las leyes. Los familiares han decidido mandarme a mí como su representante a nivel nacional como diputado por la región de Puno. Cooperación Popular fue el único partido que se acercó a las víctimas para consultar nuestra participación política. Lamentablemente ningún partido de izquierda nos ha invitado a los familiares”, dijo Samillán en una entrevista local y comentó que impulsará una ley de reparación integral a los sobrevivientes de la represión policial y militar en las protestas.
Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) dice que creará la “Comisión Investigadora de los sucesos de Juliaca, Huamanga, Arequipa y Cusco que tendrá como mandato investigar todos los casos de muertes y violaciones graves de derechos fundamentales producidos el 2022-2023”.
Sin embargo, a fines de enero de 2023, pocas semanas después de la Masacre de Juliaca y otras regiones, el nieto de Fernando Belaunde Terry terruqueó a los peruanos que protestaron en una columna para el Diario Perú21: “Muchos de los actos violentos que hemos vivido sí son actos terroristas y deberían ser investigados y juzgados como tales”.
Por su parte, Mesias Guevara (Partido Morado) solo plantea crear un “Fondo Nacional de Defensa de Derechos Humanos”, pero no da propuestas para las víctimas de las dictaduras. Y Mario Vizcarra (Perú Primero) apenas menciona una “reparación” a las víctimas de 1980-2000, pero sólo como parte de una idea suelta y general, sin mayor explicación.
Entre los candidatos que en sus planes no plantean nada para las víctimas de las dictaduras están Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Herbert Caller Gutierrez (Partido Patriótico del Perú), Fernando Olivera (Frente Esperanza), Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Carlos Álvarez (País para Todos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Enrique Valderrama (APRA), George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (Sí Creo), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN) y Ernesto Chiabra (Unidad Nacional), José Luna (Podemos).
En tanto, hay candidatos que dan propuestas contra los derechos humanos como Paul Jaimes Blanco (Progresemos), José Williams Zapata (Avanza País) y Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) que proponen la salida de la Corte IDH. Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática) propone “revisar” el Pacto San José, un tratado que protege los DDHH en América Latina, sin plantear una renuncia.
Los derechos humanos no son una prioridad para la mayoría de aspirantes a Palacio. Si las víctimas de las dictaduras no le importan al próximo Presidente del Perú, menos le importarán las vidas que se pierden a diario por la inseguridad y la precaria situación de servicios básicos.
Los políticos cambian y se camuflan en cada elección, pero el dolor de las familias sigue siendo la misma desde hace varios años.
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