Kauner toma su desayuno rápido. Son las cinco de la mañana en el Valle de Virú, en la región de La Libertad. El cielo tiene un tinte azul como los arándanos que cosecha desde hace más de 20 años. Camina veloz, aunque no tanto como cuando era un joven obrero agrario. En el paradero, él y sus compañeros esperan el bus que los llevará a Camposol, una de las grandes empresas de la agroindustria que le pertenece al Grupo Dyer, uno de los doce apóstoles de la economía peruana que fue beneficiada durante la dictadura de Alberto Fujimori y que por segunda vez ha sido favorecida por la actual coalición dictatorial que se ha adueñado del Perú.
Kauner recuerda que cuando cumplió la mayoría de edad no habían buenas opciones de trabajo. Como él, otros viruneños tenían que recurrir a las pequeñas parcelas para trabajar la tierra por un pago mínimo. Pero todo eso cambió cuando se enteraron que las agroexportadoras se estaban asentando en el Valle de Virú. No lo dudaron, iban a tener un sueldo y seguro, y por eso se fueron a laborar en aquellas empresas durante la década de los 90s. Aunque no fueron los únicos, porque llegaron más personas de otras zonas y regiones que también buscaban un empleo.
Kauner ingresó a Camposol en 1997, año en que inició sus operaciones en el país. Por aquel tiempo, también se fundó la Sociedad Agrícola Drokasa S.A., empresa agroexportadora que en dicho momento le pertenecía a la familia de José Chlimper Ackerman, quien se desempeñaba como presidente del directorio y que en el ocaso de la dictadura fujimorista ocupó el cargo de Ministro de Agricultura.
Los empresarios de la agroindustria decían que su sector estaba en crisis y en el 2000, Chlimper y Fujimori aprobaron la Ley 27360, conocida como la Ley de Promoción Agraria que tenía el fin de atraer inversiones privadas, aunque según los propios trabajadores agrarios, Fujimori también lo hizo para tener de aliados a las agroexportadoras y permanecer en el poder por tercera vez. Esto último no sucedió, pero sí dejó en una precariedad absoluta a los trabajadores agrarios como Kauner.
Entre los obreros agrarios se le conocía a dicha ley como ‘Ley de la Esclavitud Agraria’, porque recortaba, desaparecía y reducía sus derechos como la CTS, Gratificaciones, vacaciones, aporte a Essalud y estabilidad. Estaban desprotegidos frente a despidos y se limitó su sindicalización.
Esta norma que les quitaba derechos debía durar hasta el 2010, pero fue ampliada durante los gobiernos de Alan García y Martín Vizcarra, quien en el 2019 junto al Congreso (con los votos de congresistas fujimoristas y de centro como Gino Costa y Alberto de Belaunde —quienes en ese momento eran parte de la Bancada Liberal y que luego se unirían al Partido Morado) decidieron ampliar esta ley esclavista hasta el 2031.
El Paro Agrario del 2020 fue la cúspide del hartazgo de los trabajadores agrarios en Perú, pero el termómetro de esa rabia fue calentándose desde el 2007, cuando se hizo un Paro en Camposol por despidos masivos, el pago de utilidades y un adecuado uniforme y calzado. En aquella protesta, varios dirigentes fueron detenidos, agredidos y reprimidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). El malestar de los obreros continuó hasta 2008 cuando hicieron una huelga. Según los trabajadores, habían tantos abusos que hacían paros cada dos años. El último Paro masivo que se hizo en Camposol fue en 2014.
Los trabajadores de Camposol se unieron a la lucha del 2020, donde tres trabajadores jóvenes fueron asesinados por la violencia de los policías enviados por el gobierno de Francisco Sagasti, quien criminalizó la protesta diciendo que bloquear carreteras era un delito y que mintió al señalar que solo una persona había fallecido en la represión.
“Se derogó la Ley 27360. Se consiguieron los derechos que pedíamos, pero hubiéramos querido conseguir algo más”, señala Kauner, quien señala que las mesas de trabajo con la empresa no dan resultados casi siempre, y que actualmente los dirigentes viven con temor ya que han recibido amenazas y extorsiones.
Kauner es cosechador. Se traslada en los buses de la empresa Ecobus —que tiene como gerente general a David Dyer Fernández y como apoderado a Samuel Dyer Coriat, nieto e hijo del patriarca del Grupo Dyer, Samuel Dyer Ampudia—, las cuales han estado involucradas en accidentes que ya han dejado trabajadoras fallecidas y heridas entre 2024 y 2025.
A las seis de la mañana, Kauner y sus compañeros ingresan al campo. Los turnos varían según la estación. En verano entran más temprano y en invierno más tarde por la humedad. Se colocan sus uniformes que la empresa les dio por presión de los trabajadores: pantalón, polos, gorros safari y zapatos de trekking. Cada uno agarra sus herramientas y unos envases pequeños en donde recolectarán frutos delicados como los arándanos.
Camposol les exige que cada arándano debe ser de calidad, pero Kauner menciona que el clima en algunas ocasiones no los ayuda. “En verano, el arándano se deshidrata. El 98% es agua. Eso pasa. Y ahí empiezan los problemas, suspenden personal, nos cuestionan que no haya perfección, pero eso nunca habrá porque somos seres humanos”, indica.
En el campo también tienen que enfrentar enfermedades ya que en verano están expuestos a la radiación solar. También atraviesan otros malestares como dolores en la columna y riñones. Por esas razones, los obreros y obreras agrarios acuden y madrugan en los hospitales de Essalud, pero no reciben atención. “Tenemos que ir a un particular y gastar nuestro dinero”, dice Kauner.
Asimismo, los accidentes laborales son una constante en la agroexportación. Camposol es una de las empresas que en 2023 recibió el mayor número de multas relacionadas a relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y seguridad social.
Mientras la precariedad abunda en los fundos de las agroexportadoras, el Congreso y la dictadura de Dina Boluarte decidieron resucitar la Ley Chlimper dándole otra vez beneficios tributarios a los grandes empresarios de la agroindustria, reduciendo los aportes a Essalud que deben dar las empresas y debilitando la fiscalización laboral ya que la Sunafil deberá ejercer su función solo en “empresas informales”.
Kauner y sus compañeros volverán a las calles a marchar porque no solo ocurre en Camposol. Los gremios sindicales de la agroexportación denuncian que los abusos laborales también ocurren en empresas como Hortifrut, Hass Perú, Agua Lima, Damper Avo, Agrícola Virú, Agroberries y otros.
Recientemente, Giancarlo Rodríguez García, trabajador agrario de la empresa chilena Hortifrut Perú S.A.C., falleció el lunes 9 de octubre en circunstancias aún no esclarecidas por la empresa y las autoridades. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hortifrut (SITHPERÚ) ya ha alertado de abusos y malas condiciones laborales en esta agroexportadora y otras más.
A mediados de octubre, los obreros de Hortifrut paralizaron su labor a modo de protesta exigiendo justicia para su compañero. Esta manifestación fue espontánea y pacífica, pero se vio violentada por personas externas vestidas de negro con armas, quienes han agredido a los trabajadores que reclaman el respeto para sus derechos laborales.
Mientras los trabajadores agrarios atraviesan precariedades, la dictadura actual celebra que el Perú es el principal exportador de arándanos del mundo. El “oro azul peruano” viaja a Estados Unidos, Países Bajos y China manchados con sangre obrera.
Texto: Jair Sarmiento Aquino
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