Adrián Villar Chirinos se hizo conocido en el Perú por atropellar y asesinar a la deportista Lizeth Marzano Noguera el 17 de febrero de 2026. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, aún no está en la cárcel. Este caso abrió un debate sobre cómo las clases altas reciben un trato distinto cuando se trata de la justicia peruana.
La madre de Adrián Villar Chirinos es Marcela Chirinos Ayala, quien llegó en una camioneta blanca y estuvo con su hijo horas después del atropello a la deportista, según los videos de las cámaras de seguridad que se difundieron en medios locales.
Desde el 2009, Marcela Chirinos Ayala trabaja en el Grupo Graña y Montero (hoy Aenza). Actualmente es Gerenta de Control y Procesos en Unna Transporte (antes llamada CONCAR SA), empresa de dicho conglomerado implicado en el caso Lava Jato y Club de la Construcción.
Adrián Villar Chirinos es sobrino de Milagros Chirinos Ayala, directora ejecutiva en el área de comunicaciones de JP Morgan Chase, banco de EEUU denunciado por comunidades indígenas por brindar financiamiento a proyectos petroleros y de combustibles fósiles que destruyen la Amazonía.
Los tíos de Adrián Villar Chirinos, Milagros Chirinos y Mauricio Chirinos, tienen fotos públicas junto a Alfredo Ferrero Diez Canseco, embajador de Perú en EEUU investigado por el caso Odebrecht, y que durante las protestas de 2022 y 2023, ‘terruqueó’ a los ciudadanos de regiones a través de sus redes sociales.
Adrián Villar Chirinos es “sobrino nieto” de Rafael López Aliaga Cazorla, —aunque el término legal correcto sería de primos en tercer grado—, porque su abuelo es primo del exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular.
Guido Chirinos Cazorla ha sido director de prensa de la Embajada de EEUU en Perú entre 1991 y 2001. Luego de unos años su reemplazo sería Carlos Espá, actual candidato presidencial del partido SíCreo.
Según el árbol genealógico de esta familia con raíces arequipeñas, Adrián Villar Chirinos también es “sobrino nieto lejano” de Patricia Chirinos Venegas, congresista y candidata al Senado por Renovación Popular.
Incluso el exparlamentario Enrique Chirinos Soto —padre de Patricia Chirinos y protagonista de un Vladivideo— escribió un libro con Guido Chirinos Lizares —bisabuelo de Adrián Villa Chirinos— donde critican el régimen de Juan Velasco Alvarado.
Adrián Villar Chirinos fue pareja de Francesca Montenegro De Negri, quien tiene como padres a Juan Montenegro Bacigaluppi y Alessandra De Negri Gordillo.
Juan Montenegro Bacigaluppi es un abogado que postuló para vicedecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en el período 2024-2025 junto a Jorge Rioja Vallejos, abogado que actualmente trabaja en el Congreso y que antes fue candidato a Defensor del Pueblo con el apoyo de Acción Popular.
Alessandra De Negri Gordillo, según Sunarp, es apoderada de La Hanseática, empresa del rubro del comercio exterior que tiene como clientes a varias mineras como Volcan, Chinalco, Southern, Minsur y Antamina.
La nueva defensa legal de Adrián Villar Chirinos es César Nakazaki, abogado que ha representado al dictador Alberto Fujimori y otros presidentes. Su estudio es Sousa & Nakazaki Abogados donde su socio es Rolando Sousa, miembro del equipo técnico de Rafael Lopez Aliaga y excandidato de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori.
Uno de los momentos más comentados de la detención de Adrián Villar Chirinos fue el particular trato de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Al momento de ser llevado, un agente de la PNP le dio la mano y palmaditas en el hombro al joven de 21 años, mientras hace unos días la PNP humilló, violentó y detuvo a un transportista por protestar contra las extorsiones. Tampoco se debe olvidar que esta misma institución es la que asesinó a 50 peruanos, hirió a cientos y detuvo a otros por hacer uso de su derecho a la protesta en 2022 y 2023.
El caso de Adrián Villar Chirinos nos recuerda a otros como el de Edu Saettone, Melisa Gagliuffi y Mateo Silva Martinot.Todos muestran un patrón sistemático: a pesar de causar la muerte de otras personas, todos recibieron beneficios legales que redujeron su castigo. La justicia peruana es severa con los sectores populares, pero no con la élite.
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