Fabián Antúnez Camacho se crió en la comunidad asháninka de Cheni, un territorio ubicado en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la región Junín. Desde que era niño conoció las luchas de un pueblo que atravesó levantamientos anticoloniales, invasiones esclavistas y el conflicto armado interno.
Se forjó como un guerrero para cuidar a los suyos, pero hoy afronta la criminalización de un sistema extractivista que no solo deja morir a líderes indígenas, sino que también los persigue; y perpetúa la colonización en este siglo.
El pueblo asháninka ha vivido una guerra constante desde la invasión española. “La violencia en la Amazonia no es de hoy, viene desde el primer contacto con el mundo occidental”, decía el líder asháninka Miqueas Mishari en una entrevista de 1990.
En la tradición oral asháninka se narra la rebelión de Juan Santos Atahualpa, un líder indígena que organizó a las comunidades de la selva central contra la invasión de los españoles en el siglo XVIII. La resistencia operó en Río Tambo, donde nació Fabián Antúnez.
En el territorio asháninka, durante casi cien años no pudieron entrar ni españoles ni peruanos hasta fines del siglo XIX cuando llegó la época esclavista y asesina del caucho.
Cheni, la comunidad de Fabián Antúnez, fue uno de los primeros territorios asháninkas en formar un grupo de resistencia contra las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), las cuales intentaron despojarlos de sus territorios y esclavizarlos. El padre del líder asháninka fue uno de los más de 20.000 desaparecidos durante la guerra interna.
La invasión española, cauchera y terrorista se ha ido transformando en nuevas formas de violencia que amenazan al pueblo asháninka. Desde hace años, el narcotráfico está ocupando cada vez más espacio, y utiliza los territorios indígenas y los ríos para trasladar la cocaína, una sustancia que proviene de la coca, un arbusto amazónico ancestral que ha sido estigmatizado y manipulado en medio de la “lucha contra las drogas” que promueven agencias de Estados Unidos.
El Perú es el segundo productor de esta droga en el mundo debido a la gran demanda que existe en Occidente. La droga que se produce en el tercer mundo es consumida por países de primer mundo como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
Mientras los multimillonarios de los países desarrollados aspiran el polvito blanco, Fabián Antúnez, lucha desde muy joven contra el narco que pretende invadir y destruir el Río Tambo. Fue jefe de la comunidad de Cheni y presidió la Central Asháninka del Río Tambo (CART) que agrupa a 52 comunidades.
“Río Tambo tiene bosques verdes. Conserva su naturaleza. Río Tambo no quiere ser como Pichanaki o Chanchamayo. Quiere tener sus tierras vírgenes”, comenta Micaela Castro, sobrina de Fabián.
La comunidad de Cheni indica que Fabián Antúnez no solo ha luchado contra el narco, sino que durante su liderazgo, gestionó la creación de una posta de salud y una escuela, también impulsó proyectos productivos como el cacao.
A pesar de todo eso, Río Tambo ha sido olvidado por varios gobiernos de turno. Hasta ahora, sus comunidades no tienen luz, agua ni desagüe. El primer paro que realizaron fue en septiembre de 2021 para pedir atención en salud y educación, y aunque se consiguieron algunas cosas, falta mucho. Hoy están desprotegidos ante el avance del narcotráfico.
El 8 de abril de 2023 fue asesinado el líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez. Según la CART, los ejecutores están vinculados al narcotráfico. Las comunidades asháninkas y sus líderes, entre ellos Fabián Antúnez, convocaron y acataron un paro desde el 11 de abril de 2023 por el homicidio del histórico dirigente.
En medio de esta protesta, cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas, hasta ahora no se hallan los cuerpos y ni se encuentran a los responsables de este hecho. La Fiscalía ha ignorado las demandas de las familias de las víctimas, y ha optado por perseguir a los liderazgos asháninkas, entre ellos a Fabián Antúnez, solo por ser parte de la convocatoria del paro indígena ocurrido hace más de dos años.
Una decisión que no fue personal, sino colectiva y desde la organización y agencia de los pueblos asháninkas en la búsqueda de justicia para el líder indígena Santiago Contoricón.
Abogados y organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) han señalado que el caso muestra una serie de inconsistencias fiscales. Inicialmente, la Fiscalía lo acusó como autor intelectual del homicidio de las cuatro personas desaparecidas durante el paro, sosteniendo que Fabián Antúnez daba órdenes desde el convento donde se hospedaba. Sin embargo, el testimonio de la encargada del convento desmintió la tesis fiscal y reveló que Antúnez no podía recibir visitas nocturnas porque el lugar permanecía cerrado y sin señal.
Ante ello, la Fiscalía reformuló su teoría y dejó de acusar a Fabián Antúnez como autor intelectual de los asesinatos, y en su lugar, le imputan una “autoría no ejecutiva”, alegando que tenía control del paro donde ocurrieron los hechos, pese a no existir pruebas que lo ubiquen en el lugar ni la supuesta cadena de mando. En pocas palabras, se está criminalizando la protesta indígena.
Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Juzgado de Satipo decidió mantener la prisión preventiva contra Fabián Antúnez, pese a la falta de argumentos sólidos y pruebas concretas de la Fiscalía. La defensa legal apeló la resolución.
El Juzgado de Satipo está a cargo del juez Christian Periche Rumiche, quien en 2022 fue cuestionado por el semanario Hildebrandt En Sus Trece y el diario Hechicera de Tumbes al dar libertad a Mike Flores Navarro, considerado por la Policía Antidrogas como uno de los capos de la droga más importantes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Mientras tanto, los países ricos en el mundo se divierten con una droga derivada de la coca colonizada y manchada con la sangre y persecución de defensores indígenas que no solo tienen que lidiar con el capitalismo cocainómano, sino también con un sistema de justicia que no respeta los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su autonomía.
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