El narcotráfico ha estado en el entorno de Keiko Fujimori y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. Hoy ambos se reúnen en Palacio para someter al Perú a la dictadura global de Estados Unidos, un país presidido por Donald Trump, quien hace poco indultó a Juan Orlando Hernández, el narcopresidente de Honduras al que se le perdonó 45 años de prisión.
En 1987, en Miami, agentes antidrogas de la DEA irrumpieron la casa del narcotraficante Orlando Cicilia, quien además de vender y distribuir cocaína, era el testaferro de una red de narcotráfico liderada por Mario Tabraue, un capo que dirigía un negocio de animales exóticos. Orlando Sicilia era pareja de Barbara Rubio, hermana de Marco Rubio, quien vivió una parte de su juventud en aquella casa.
Una crónica escrita por los periodistas Manuel Rooig-Franzia y Scott Higham —ganador del Premio Pulitzer—, relata cómo Orlando Cicilia sigue siendo cercano a la familia de Marco Rubio. Según el reportaje, el exnarco se convirtió en un agente inmobiliario y ayudó a Rubio a hallar oficinas para su campaña al Senado en 2010. El vocero de la Casa Blanca también contrató consultorías a los hijos del extraficante de droga colombiana.
Otro personaje que tendría nexos con la droga desde Colombia sería Vladimiro Montesinos. Antes de ser asesor de Alberto Fujimori, —padre de Keiko Fujimori—; Montesinos fue un excapitán del Ejército expulsado por vender secretos militares del gobierno de Juan Velasco Alvarado a Estados Unidos y luego se convirtió en abogado de capos de la droga.
En 1996, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias «Vaticano», acusó a Vladimiro Montesinos y al general Nicolás Hermoza Ríos de cobrar cupos para operar en la pista de Campanilla, en la región San Martín. A pesar de este historial, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU seguía considerando un aliado a Montesinos e incluso le envió 10 millones de dólares para que “luche” contra el narco.
El exnarco e informante de la DEA, Oscar Benítez Linares también declaró que Vladimiro Montesinos y altos mandos militares conocían del traslado de droga por medio de helicópteros del Ejército. Vladimiro Montesinos utilizó el aparato del Estado para construir una red de protección al narcotráfico y lavado de dinero.
Aunque no se hallaron pruebas del rol de Alberto Fujimori, se señaló que este permitió que esta estructura operara bajo su régimen. Esta fue una de las conclusiones de la Comisión Investigadora de los casos de Corrupción de 1990-2000, liderada por los excongresistas Ernesto Herrera y Javier Diez Canseco.
En 1993, un operador de aduanas halló más de 300 kilos de cocaína en un contenedor de la compañía pesquera, Hayduk. Esta droga se pretendía exportar a Colombia y por eso Eudocio Martínez Torres, alias ‘Olluquito’, fue llevado a prisión junto a sus hijas, las cuales luego serían liberadas en los 2000 por la gracia presidencial que les otorgó el dictador Alberto Fujimori.
Más tarde se conocería el testimonio de Óscar Benitez Linares, narcotraficante que se convirtió en informante de la DEA, el cual afirmó que ‘Olluquito’ aportó US $10 millones a la campaña de rereelección de Alberto Fujimori en el año 2000.
En 2011, Keiko Fujimori reconoció que recibió un aporte de 10.000 dólares de una de las hijas de ‘Olluquito’ para su campaña al Congreso en las elecciones del 2006. En 2013, el portal Utero.pe informó que Keiko Fujimori estuvo en la boda de Miriana Martínez, hija de Eudocio Martínez Torres, ‘Olluquito’.
Joaquín Ramírez, excongresista, financista y hombre de confianza de Keiko Fujimori, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia de EEUU. En 2016, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, confirmó que la DEA le seguía los pasos al exsecretario de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).
Hace poco Mataperrea informó que Juan Carlos Geronimo del Prado Ponce, exabogado de Joaquín Ramírez, fue aportante de Fuerza Popular en las elecciones del 2026. Según su declaración ante la Contraloría, del Prado Ponce fue apoderado de diversas empresas de la familia Ramírez hasta el 2026.
En 2025, la Fiscalía allanó la vivienda de Ramírez, y de otros investigados por una presunta organización criminal dedicada al fraude y lavado de activos vinculada al desfalco de la Universidad Alas Peruanas. En este caso también está implicada Keiko Sofia Fujimori Higuchi.
Marco Rubio tuvo una reunión con la élite empresarial peruana, la cual, ha respaldado al fujimorismo desde los 90. Entre los asistentes estuvieron Carlos Neuhaus, Felipe James, Carlos Rodríguez Pastor y Dionisio Romero Paoletti. Este último último reconoció que su compañía, Credicorp, aportó 3,65 millones de dólares en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
Keiko Fujimori y Marco Rubio son sólo títeres de las mafias que quieren hacernos adictos a un sistema político y económico que esclaviza nuestras vidas.
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